miércoles, 9 de junio de 2010

EN MARCHA EL NUEVO PROTEJA

El nuevo Proteja destina 225 millones de euros a la creación de empleo y a la reactivación de las economías locales

La segunda edición del programa, que creará unos 12.000 puestos de trabajo, incluye obras y servicios y agiliza trámites para garantizar el inicio inmediato de las actuaciones.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto-ley del nuevo Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja), que destinará 225 millones de euros a proyectos generadores de puestos de trabajo en colaboración con las entidades locales de la comunidad autónoma. El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha señalado tras la reunión del Consejo de Gobierno que, según las estimaciones disponibles, esta iniciativa podrá generar unos 12.000 empleos.
Como principal novedad, el Proteja, que desde 2009 financia iniciativas para activar las economías locales, extiende ahora su ámbito de actuación para incluir no sólo contratos de obras sino también de servicios. La nueva edición amplía así el perfil de los beneficiarios, anteriormente centrado en el sector de la construcción, y da también prioridad a las necesidades de empleo de las mujeres y de los colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.
Luis Pizarro ha calificado a este programa como una "iniciativa de gobierno necesaria" para combatir los efectos de la crisis en Andalucía, y ha recordado que el anterior plan permitió mejorar los equipamientos municipales y financiar inversiones en las distintas localidades. El nuevo decreto es, en palabras del consejero, "más ágil y adecuado" para los gestores del plan, con criterios "más flexibles y adaptados a la realidad de cada municipio".
Coordinado por la Consejería de Gobernación y Justicia, el programa implica a los departamentos de Hacienda y Administración Pública; Economía, Innovación y Ciencia, y Empleo, así como a los 771 ayuntamientos andaluces y a las ocho diputaciones provinciales. Del presupuesto total previsto, 205 millones de euros se destinan a las entidades locales (181 para los ayuntamientos y 24 para las diputaciones provinciales) y los 20 restantes a la formación de las personas contratadas.
El nuevo Proteja primará los proyectos dirigidos a paliar los daños ocasionados por los temporales del pasado invierno en aquellas localidades donde aún existan infraestructuras afectadas. En cuanto al resto de obras, los consistorios podrán presentar, además de proyectos nuevos, otros ya programados pero no iniciados por insuficiencia financiera en ámbitos como la construcción, reconstrucción, mejora y rehabilitación de infraestructuras municipales, instalaciones públicas y parques y polígonos empresariales, o el desarrollo de infraestructuras tecnológicas y de innovación. Respecto a la contratación de servicios, abarcan también las áreas sanitaria, educativa, cultural y de servicios sociales.
Junto con la ampliación de los ámbitos de actuación, otra novedad destacada es la introducción de medidas para que las contrataciones beneficien al mayor número posible de personas y se realicen con el máximo tiempo de duración. Entre otras disposiciones, se prohíbe emplear por un periodo inferior al de la ejecución del proyecto y se exige que las personas demandantes no hayan tenido relación con la entidad empleadora durante los tres meses anteriores a la oferta de empleo.
En la misma línea, se refuerza el objetivo de que los proyectos financiados den lugar obligatoriamente a nuevos empleos. Se establece así que al menos un 70% del coste de personal de cada iniciativa presentada deberá corresponder a puestos de trabajo de nueva creación. En el caso de las obras, esta partida de personal representará como mínimo el 60% del coste total de ejecución, con la única salvedad -siempre que se justifique- de las actuaciones relacionadas con los daños del temporal.
En relación con las personas aspirantes a ser contratadas, se otorga preferencia a quienes no reciban subsidios ni prestaciones y posean cargas familiares, con especial atención a las mujeres y a colectivos especialmente vulnerables como los parados de larga duración, los mayores de 45 años, los menores de 30 y los discapacitados.